400 ediles del PP trabajan o tienen familiares en la Diputación ourensana
La mitad de los empleados del organismo están vinculados al partido de Baltar
A un minuto del comienzo de cada campaña electoral -las cero horas-, el presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar Pumar, toca el trombón. Baltar sopla forte, con la cara congestionada, ante el resto de dirigentes y militantes de los otros partidos que, como el suyo, finalizan la simbólica pegada de carteles. Acompañado por una orquestina con bombo y el núcleo duro de sus afines -una facción del partido-, el barón del PP entona la canción del carrito de los helados con traca final de su cosecha: Y si no eres del PP, jódete, jódete. Así, desde hace dos décadas: las que ha estado al frente del PP provincial y las que lleva en la presidencia de la Diputación, a la que vuelve a aspirar.
El PP tiene 485 concejales repartidos en los distintos ayuntamientos de la provincia. La Diputación emplea en este momento a 400 concejales (75 son ediles o alcaldes en activo) o parientes directos de éstos: mujeres, hijos, padres, hermanos y sobrinos. Es por número de trabajadores la segunda empresa de la provincia, después de Coren, y prácticamente infranqueable para quien no sea baltarista. Ahora cuenta con 950 empleados: los 400 alcaldes, concejales o sus familiares directos y otra mitad -con excepción de un puñado y de los que accedieron a la institución antes que el presidente-, de militantes del partido. Como el representante de Comisiones Obreras en la institución, concejal a su vez del grupo de Gobierno del PP en Esgos, el feudo del barón ourensano. En su pueblo natal gobierna su cuñado y es teniente de alcalde su hijo, José Manuel Baltar, el parlamentario autonómico y sucesor del progenitor en la presidencia provincial del partido desde el año pasado.
Entre el mes anterior y el siguiente al congreso que eligió a su hijo, Baltar colocó a más de 200 eventuales, según una denuncia del PSOE a la Fiscalía -que va ampliando poco a poco- y del sector crítico del propio PP en la campaña del congreso. A esos 200 los contrató (por tres o seis meses) sin la firma de la Intervención provincial. Después fueron a votar al congreso del partido. Como una buena parte de los funcionarios de la Diputación. El hijo que le sucedió en el cargo barrió al candidato de Feijóo y Rajoy.
La práctica contratadora de Baltar que los de Feijóo denunciaron en la campaña congresual viendo lo que se les venía encima, se repite en las citas electorales. Ya en sus vísperas se disparan las oposiciones aprobadas por familiares o cargos del PP y las contrataciones masivas -también de afines al partido- por periodos pequeños de tiempo, que en muchos casos el presidente acaba renovando.
Entre 2007 y 2009, Baltar empleó en la Diputación, con contratos temporales, a 106 personas que integraron listas del PP en los 92 ayuntamientos de la provincia; a 79 concejales (algunos alcaldes o exalcaldes) y a unos 120 parientes de estos.
También encontraron empleo en la Diputación varios altos cargos del PP: presidentes locales, presidentes de Nuevas Generaciones o, la más reciente y mediante oposición, la exalcaldesa de Bande (el alcalde ahora es su marido) y diputada en Cortes, Ana Belén Vázquez Blanco.
El recuento de enchufados corresponde solo a la institución. Pero, con sus dependencias abarrotadas de personal con escasa tarea -especialmente bedeles y porteros: en el edificio cultural hay 33 para tres puertas, y sigue creando plazas-, el presidente reparte a algunos contratados por ayuntamientos gobernados por el PP en la provincia. En el de la capital comenzaron a trabajar, cuando gobernaba su partido, la hija y la nuera del juez Abel Carbajales.
Tras el trámite de las contrataciones eventuales, los vinculados al PP acaban aprobando oposiciones. Se convierten en funcionarios. Los que acceden a las jefaturas (todos vinculados al partido) forman el tribunal de las oposiciones que examina a las siguientes tandas, y sigue la rueda. Aunque ahora comienza a haber problemas: llegan las segundas generaciones y se dan casos, como el del jefe de los servicios jurídicos de la institución, que está en la lista (como suplente del secretario, que hace años delega en él) del tribunal que debe examinar a su propia hija.
Familias enteras -siempre vinculadas a alcaldes, concejales o candidatos- comparten además del vínculo sanguíneo, el del empleo en la Diputación. Y hay municipios históricos en los que los parientes de alcaldes y concejales que cada uno de ellos aportan a la institución pública suman e incluso superan la veintena: Esgos, Nogueira de Ramuín (donde Baltar fue maestro), Vilamarín y Cea.
No todos los alcaldes o cargos del PP corren la misma suerte cuando intentan emplear a los suyos. Hay que estar especialmente capacitado para la Diputación. Jaime Sousa, concejal de Cartelle, no solo consiguió él mismo un puesto de trabajo: también sus dos hermanos, una hija y una sobrina. Hay sagas familiares que se perpetúan. El anterior secretario de la institución se jubiló por edad, pero sus tres hijos y una de sus nueras tienen plaza en la Diputación. Uno de los administrativos de la secretaría del presidente, Gerardo Martínez, comparte jornada laboral con su cuñada y cuatro sobrinos. La hija, el yerno, una nuera y un nieto del exalcalde de Amoeiro (ahora gobierna el PSOE) también tienen ahí empleo. El alcalde de Cea y diputado provincial José Luis Valladares comparte la jornada laboral con sus tres hijos y una cuñada. La lista es interminable.
Valladares no solo se encuentra a su familia en el trabajo, también a media docena al menos de vecinos de su municipio, todos vinculados a él como candidatos -o sus hijos- de su lista. Pero muchos más empleados de su pueblo aporta el alcalde de Vilamarín, el senador Amador Vázquez. Además de su yerno, también consiguieron empleo en la Diputación 16 vecinos (concejales, candidatos de su lista y parientes de unos y otros).
Nogueira de Ramuín, pueblo de adopción de Baltar, aporta nueve empleados-candidatos del PP y Esgos, el feudo del presidente, donde gobierna su familia y donde él tiene su finca, se lleva la palma: 10 empleados vinculado a la candidatura y alguna familia completa. Es el caso de los Batista: cinco hermanos y los cónyuges de dos. Además, consiguieron empleo otros vecinos del municipio que se deshicieron de unas parcelas de su propiedad que acabaron integrando la finca de Baltar. En la Diputación están también cuatro hijos del exalcalde de Esgos.
Pero no todo va para los hijos de sus concejales. Las dos exnueras del presidente tienen puestos bien remunerados, una como gerente del Teatro Principal y la otra, en el Instituto de Desarrollo Económico (Inorde). Recientemente, un concuñado de su hijo, presidente provincial del PP, se hizo con una plaza de técnico en Recursos Humanos.
El PSOE acusa a José Luis Baltar de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y coacciones en relación con las "contrataciones a dedo". Baltar quitó hierro a la denuncia. "Aquí las cosas se hacen como hay que hacerlas", dijo. "Si hay alguna irregularidad, ya la corregiremos". Desde entonces, y tan cerca ya de las elecciones, ha abierto más de 70 procesos de empleo.
"La fábrica de contrataciones del PP", repite la oposición (PSOE y BNG) cada vez que se refieren a la Diputación de Ourense. Los métodos "clientelares" de su presidente han sido denunciados hasta la saciedad. Con una deuda en el límite legal -casi el 107%- y un gasto de personal de 11,5 millones de euros, que casi triplica la inversión real, Baltar habla un día de la necesidad de que la institución "se apriete el cinturón" y, al siguiente, abre un nuevo proceso de contrataciones.
La mayoría de los aspirantes que concurren están vinculados al PP. La presencia de opositores ajenos al partido es simbólica. La batalla por entrar en la Diputación la libran ya solo los propios militantes, aseguran los grupos de oposición.
En el proceso de acceso al empleo en la Diputación los tránsfugas también suelen tener suerte. Entre ellos, el marido de la alcaldesa de Porqueira, Susana Dorado, quien en su día encabezó la lista del PSOE en ese municipio. Tras ganar la alcaldía con el apoyo del BNG, se dejó conquistar por el PP, al que entregó la alcaldía que ella misma preside desde entonces. Su marido consiguió más tarde el empleo. No es el único caso.
Ahora, con más de medio centenar de plazas convocadas desde hace un mes, pugnan por hacerse con un empleo fijo en la institución una lista ingente de parientes de numerosos cargos del partido, descendientes de alcaldes, exalcaldes, concejales y candidatos en distintos municipios, además de la hija del asesor jurídico de Baltar. Compiten en concurso oposición y son los hijos de los alcaldes históricos y del núcleo duro del presidente quienes forman los tribunales examinadores.
Feijóo, que prometió acabar con el caciquismo, guarda silencio. Rajoy proclama en las campañas electorales en las que necesita los votos de Ourense que "Baltar es el PP". Y la Justicia aún no se ha pronunciado.
Las academias ourensanas, que forman y exportan a centenares de funcionarios de esta provincia a distintos puntos del territorio español, reconocen que no preparan a alumnos para las oposiciones de la Diputación. No tienen demanda suficiente para llenar un aula.
anexo 22/02/2011
Decenas de cargos del PP y sus familiares optan a un puesto en la Diputación
Candidatos y ediles municipales, parientes y hasta la hija de un examinador de oposiciones aspiran a plaza
Concejales del PP, candidatos populares a municipio, sus padres, sus hijos o sus hermanos optan a un puesto de trabajo en la Diputación Provincial de Ourense. Decenas de cargos, parientes y afines del PP pueblan el listado definitivo de aspirantes que ayer ocupó 26 páginas de espacio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Las plazas en juego, de albañil, administrativo, peón camineros, conductores, auxiliar o subalterno, se ponen en liza, con el primer examen, en marzo y se resolverá rayando en las elecciones municipales. La recompensa para los mejor cualificados se reflejará en una buena remuneración en tiempos de crisis. Sacar las máximas otorga plaza con un sueldo mínimo, en bruto, nunca inferior a los 1.200 euros con derecho de 14 pagas, en el caso de los que se postulan para operario limpiador. La remuneración sube a 1.500 euros para los aspirantes as auxiliares administrativos, donde decenas de afines al PP competirán con un total de 253 opositores.
El presidente de las Nuevas Generaciones y candidato en O Carballiño, Robero Ameijeiras; el hermano de la nuera de José Luis Baltar; la hija del diputado provincial Rosa María Valladares; la excandidata al parlamento en 2005, María Inmaculada Fernández; o la candidata en Ourense María Blanca Trapote, son ejemplos de representantes o proclives al PP con expectativas de asegurarse un empleo en las próximas semanas.
Fuera de los listados de aspirantes elevados a definitivos ayer, tienen opciones de conquistar plaza, entre otros, Sandra Rodríguez, concejala en Calvos de Randín y promotora de la fallida moción de censura que frenó Baltar; así como Teresa Fontao, pareja del tránsfuga y exnúmero uno socialista Eladio Fernández.
Aunque el PSOE ha cifrado en 12 millones al año el gasto en pagar al personal afín al PP, los concursos para la administración provincial siguen en marcha. Los socialistas acudirán a la Fiscalía con 76 nuevos contrataciones presuntamente irregulares de las últimas semanas. El PSOE insta al fiscal jefe a que investigue la política de personal de José Luis Baltar, por posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y contra los derechos de los diputados.
La oposición ha clamado por la composición de los tribunales de examen que, a su entender, hacen que los procesos de empleo en el ente provincial nazcan "viciados". En los concursos que ayer publicita el BOP opta a una plaza de administrativo de administración general, Ángela Galindo Montero, hija de José Eugenio Galindo, exalcalde de Nogueira de Ramuin, exsocialista y miembro del tribunal.
Las plazas en juego, de albañil, administrativo, peón camineros, conductores, auxiliar o subalterno, se ponen en liza, con el primer examen, en marzo y se resolverá rayando en las elecciones municipales. La recompensa para los mejor cualificados se reflejará en una buena remuneración en tiempos de crisis. Sacar las máximas otorga plaza con un sueldo mínimo, en bruto, nunca inferior a los 1.200 euros con derecho de 14 pagas, en el caso de los que se postulan para operario limpiador. La remuneración sube a 1.500 euros para los aspirantes as auxiliares administrativos, donde decenas de afines al PP competirán con un total de 253 opositores.
El presidente de las Nuevas Generaciones y candidato en O Carballiño, Robero Ameijeiras; el hermano de la nuera de José Luis Baltar; la hija del diputado provincial Rosa María Valladares; la excandidata al parlamento en 2005, María Inmaculada Fernández; o la candidata en Ourense María Blanca Trapote, son ejemplos de representantes o proclives al PP con expectativas de asegurarse un empleo en las próximas semanas.
Fuera de los listados de aspirantes elevados a definitivos ayer, tienen opciones de conquistar plaza, entre otros, Sandra Rodríguez, concejala en Calvos de Randín y promotora de la fallida moción de censura que frenó Baltar; así como Teresa Fontao, pareja del tránsfuga y exnúmero uno socialista Eladio Fernández.
Aunque el PSOE ha cifrado en 12 millones al año el gasto en pagar al personal afín al PP, los concursos para la administración provincial siguen en marcha. Los socialistas acudirán a la Fiscalía con 76 nuevos contrataciones presuntamente irregulares de las últimas semanas. El PSOE insta al fiscal jefe a que investigue la política de personal de José Luis Baltar, por posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y contra los derechos de los diputados.
La oposición ha clamado por la composición de los tribunales de examen que, a su entender, hacen que los procesos de empleo en el ente provincial nazcan "viciados". En los concursos que ayer publicita el BOP opta a una plaza de administrativo de administración general, Ángela Galindo Montero, hija de José Eugenio Galindo, exalcalde de Nogueira de Ramuin, exsocialista y miembro del tribunal.
Anexo II Financiación
La Diputación de Ourense vive del Estado y de los más de 6 millones de euros que cada 30 días la administración general le ingresa en cuenta. El ente provincial dispondrá hasta final de año de 75,67 millones de euros, por encima incluso del presupuesto aprobado a la baja - salvo en el capítulo de personal - y después de un incremento del 12% en comparación con los fondos librados por Madrid el año pasado.
Todos los concellos de la provincia de Ourense, a excepción de la capital, suman juntos unos ingresos más modestos. Deberán hacer frente a los gastos con un total de 34,12 millones de euros a repartir de forma desigual según la dimensión de cada municipio y en el coma inversor tras dos años con el PlanE dando fuelle.
La Diputación cobra más del doble de fondos estatales que noventa y un concellos de la provincia y más del triple cada mes de lo que le corresponde ingresar al concello de Ourense. El Estado transferirá al municipio de la capital más de 24 millones de euros durante este año mediante entregas a cuenta, cada 30 días, de aproximadamente dos millones.
Tanto el ente provincial como la administración local, que cubre las necesidades de la tercera ciudad gallega, tienen derecho a tener un porcentaje de la tarta fiscal. El Estado les ingresa un montante de acuerdo al Fondo Complementario de Financiación pero también una aportación por la vía de la cesión de impuestos. La Diputación cobró, solo en el mes de enero, aproximadamente 450.000 euros por los tributos. El Concello de Ourense, por su parte, tuvo derecho a unos 315.000, según el Ministerio de Economía y Hacienda.
Saldar los anticipos
El vicepresidente de la Diputación y alcalde de Muiños, Plácido Álvarez, contemporiza la cifra al recordar que el ente provincial deberá prescindir de unos 170.000 euros cada mes que corresponden a Madrid. Se trata de anticipos mal calculados de los fondos estatales de 2008 que han comenzado a devolverse en el mes de enero y así, cada 30 días, hasta que en 2014 se salde la cuenta. Al Concello este desfase le sale por unos 51.000 euros al mes.
A falta de que se presente la liquidación definitiva de los ingresos estatales del año siguiente, los de 2009, cuando la crisis se envileció, Álvarez ya supone un debe "incluso superior" que tocará devolver. De ser así, y ante la posibilidad de que permita compensarse la deuda en 60 meses en lugar de 48, podrían solaparse las devoluciones de 2009 y 2008 a lo largo de 2012, 2013 y 2014, lastrando las cuentas.
Todos los concellos de la provincia de Ourense, a excepción de la capital, suman juntos unos ingresos más modestos. Deberán hacer frente a los gastos con un total de 34,12 millones de euros a repartir de forma desigual según la dimensión de cada municipio y en el coma inversor tras dos años con el PlanE dando fuelle.
La Diputación cobra más del doble de fondos estatales que noventa y un concellos de la provincia y más del triple cada mes de lo que le corresponde ingresar al concello de Ourense. El Estado transferirá al municipio de la capital más de 24 millones de euros durante este año mediante entregas a cuenta, cada 30 días, de aproximadamente dos millones.
Tanto el ente provincial como la administración local, que cubre las necesidades de la tercera ciudad gallega, tienen derecho a tener un porcentaje de la tarta fiscal. El Estado les ingresa un montante de acuerdo al Fondo Complementario de Financiación pero también una aportación por la vía de la cesión de impuestos. La Diputación cobró, solo en el mes de enero, aproximadamente 450.000 euros por los tributos. El Concello de Ourense, por su parte, tuvo derecho a unos 315.000, según el Ministerio de Economía y Hacienda.
Saldar los anticipos
El vicepresidente de la Diputación y alcalde de Muiños, Plácido Álvarez, contemporiza la cifra al recordar que el ente provincial deberá prescindir de unos 170.000 euros cada mes que corresponden a Madrid. Se trata de anticipos mal calculados de los fondos estatales de 2008 que han comenzado a devolverse en el mes de enero y así, cada 30 días, hasta que en 2014 se salde la cuenta. Al Concello este desfase le sale por unos 51.000 euros al mes.
A falta de que se presente la liquidación definitiva de los ingresos estatales del año siguiente, los de 2009, cuando la crisis se envileció, Álvarez ya supone un debe "incluso superior" que tocará devolver. De ser así, y ante la posibilidad de que permita compensarse la deuda en 60 meses en lugar de 48, podrían solaparse las devoluciones de 2009 y 2008 a lo largo de 2012, 2013 y 2014, lastrando las cuentas.