Tasa de Financiamiento del SPU, en la letra está la viabilidad del servicio postal universal
Un país acaba de enviar un proyecto de ley de Régimen General de las actividades postales que, entre otros aspectos, prevé crear una tasa de 10% del valor del envío para financiar el servicio postal universal que brinda el Correo. En la exposición de motivos del proyecto, el Poder Ejecutivo señala que en el sector hay "numerosos operadores que no cuentan con la licencia correspondiente y actuando en la informalidad realizan una competencia desleal". Además dice que "a pesar" que se autorizó a "más de un centenar de operadores postales privados" que están "en competencia con la Administración Nacional de Correos", estos "no han generado inversiones relevantes en el sector". También está orientado a "contribuir a la solución" de la "situación de empleo informal y no declarado (...); la evasión de aportes derivada del mercado fragmentado, la presencia de operadores informales y la escasa regulación; y la sostenibilidad y protección del ambiente" entre otros aspectos. El proyecto establece el "servicio postal universal" (SPU) que es el que "el Estado garantiza a sus habitantes" a través de El Correo y comprende los envíos de correspondencia "prioritarios y no prioritarios de hasta 2 kilogramos, las cartas, las tarjetas postales, los impresos y los pequeños paquetes de hasta 2 kilogramos" y "las sacas especiales que contienen diarios, publicaciones periódicas, libros y documentos impresos similares" de "hasta 30 kilogramos".
Para financiar el SPU, se crea un "Fondo de Financiamiento" que se nutrirá de "los ingresos por ventas" de El Correo debido a la "prestación del SPU", el "aporte del Estado" incluido en el Presupuesto y las Rendiciones de Cuentas, "los rendimientos derivados de las operativas financieras en las que se mantengan las disponibilidades del fondo" y se crea la "Tasa de Financiamiento del SPU".
Esta tasa deberá ser pagada por los "usuarios" -remitentes o destinatarios de la prestación de un servicio postal- que abonarán "10% del precio, excluido el IVA, del envío o producto/servicio postal", aunque por los envíos correspondientes al SPU (es decir cartas, impresos y pequeños paquetes) no deberán pagarla.
El proyecto establece derechos y obligaciones para los usuarios.
Entre estas últimas está la de "responsabilidad subsidiaria". Aquellos "usuarios que de mala fe contraten servicios postales a operadores no registrados, que incumplan las disposiciones de la presente ley o actúen de manera informal, serán subsidiariamente responsables de las infracciones que aquellos cometieran".
